El Senado de la República mantiene su posición de que el nuevo Código Penal debe entrar en vigencia en la fecha prevista, sin que los ajustes discutidos en la comisión bicameral del Congreso generen retrasos en su implementación. Los senadores Julito Fulcar, del PRM por Peravia, y Gustavo Salazar coincidieron este viernes en esta postura, argumentando que el proceso de revisión y la entrada en vigor del código son procesos que pueden avanzar de manera simultánea.
Fulcar subrayó que el proceso de revisión no representa un obstáculo para que la normativa comience a aplicarse en la fecha establecida. Según el legislador, aún existe tiempo suficiente para analizar las observaciones y propuestas de reforma que ha presentado la comisión bicameral antes de que venza el plazo para implementar el nuevo ordenamiento penal. Este planteamiento refleja una estrategia de no dilatar indefinidamente la entrada en vigor de una legislación que ha tomado años en elaborarse.
La posición de estos senadores contrasta con las inquietudes que algunos sectores han expresado sobre la necesidad de resolver todas las observaciones antes de que el código comience a aplicarse. La comisión bicameral ha estado revisando artículos específicos de la legislación penal, identificando potenciales inconsistencias o áreas que requieren ajustes antes de su implementación a nivel nacional.
Tiempo para ajustes sin retrasar la vigencia
El respaldo legislativo a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa una decisión pragmática del Congreso Nacional. La nueva legislación penal sustituirá el código de 1884, que ha estado vigente durante más de un siglo en la República Dominicana. Este cambio representa una modernización significativa del sistema penal dominicano, incorporando nuevas figuras delictivas, actualizando penas y adecuando procedimientos a estándares más contemporáneos.
La comisión bicameral, integrada por miembros de ambas cámaras legislativas, ha continuado su trabajo de revisión incluso cuando la legislación ya ha sido aprobada. Este enfoque permite que la norma entre en vigor mientras se completan análisis más detallados que podrían resultar en modificaciones posteriores, sin necesidad de esperar años adicionales para resolver cada detalle.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal implica cambios operacionales significativos en el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y los espacios de reclusión. Retrasar indefinidamente su implementación mientras se continúan discusiones podría paralizar inversiones en capacitación de personal y adaptación de infraestructuras que ya han comenzado.
El respaldo de legisladores experimentados como Fulcar y Salazar proporciona certidumbre al sector judicial y a las instituciones que deben prepararse para ejecutar el nuevo código. Sin embargo, el trabajo de la comisión bicameral seguirá su curso, y futuras reformas puntuales podrían someterse al Congreso si se identifica la necesidad de ajustes tras la entrada en vigencia.