Decenas de dominicanos se concentran en la Plaza de la Bandera en respuesta a la convocatoria de la plataforma Somos Pueblo y otros sectores sociales para protestar contra artículos específicos de la Ley 74-25, conocida como el nuevo Código Penal. La movilización centra su rechazo en las disposiciones que sancionan la difamación con penas de cárcel, medidas que los manifestantes consideran una restricción a la libertad de expresión.
Los primeros grupos comenzaron a llegar al emblemático sitio durante la tarde, donde ondean pancartas y se escuchan consignas contra lo que los convocantes denominan «Ley Mordaza». La concentración responde a una estrategia de presión ciudadana mientras se tramita una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional contra los artículos controvertidos del código.
La protesta emerge en el contexto de un debate nacional intenso sobre los límites entre la protección de la honra personal y los derechos fundamentales de expresión e información. Los manifestantes argumentan que las sanciones penales por difamación crean un clima de autocensura que afecta el funcionamiento de medios de comunicación, periodistas independientes y ciudadanos que ejercen su derecho a opinar sobre asuntos de interés público.
Tribunal Constitucional y la batalla judicial
La acción de inconstitucionalidad ya depositada ante la corte constitucional es respaldada por esta movilización callejera, que busca amplificar las voces que cuestionan la constitucionalidad de estas disposiciones penales. Los convocantes argumentan que penalizar la difamación con cárcel contradice los estándares internacionales de derechos humanos que la República Dominicana ha suscrito.
El Código Penal fue aprobado con esta nueva redacción hace meses, pero la resistencia de organizaciones civiles, medios de comunicación y sectores sociales ha mantenido el tema en la agenda pública. Somos Pueblo, plataforma que encabeza esta protesta, ha sido histórica en la movilización de ciudadanía en torno a temas de reforma institucional y derechos fundamentales.
La concentración en la Plaza de la Bandera, punto emblemático de la ciudad capital, simboliza la intención de los manifestantes de visibilizar su posición ante la administración pública y el Tribunal Constitucional. Aunque el gobierno ha defendido que las disposiciones protegen la honra de las personas, los críticos sostienen que existen mecanismos civiles suficientes para ello sin necesidad de recurrir a sanciones penales que criminalizan el debate público.
Este tipo de movilizaciones representan un precedente en la defensa de derechos civiles en el país. La respuesta ciudadana a la convocatoria de Somos Pueblo refleja preocupación genuina en diversos sectores sobre cómo se legisla en materia de libertades públicas. El resultado de la acción constitucional será determinante para el futuro de estos artículos y el alcance que tendrá la ley penal en materia de difamación.