La senadora por Puerto Plata Ginette Bournigal salió en defensa de la Policía Nacional este martes, argumentando que un hecho aislado no debe servir para desacreditar a toda la institución. Sus declaraciones llegan en medio del descontento público generado por la muerte del joven Darlin Mercado, quien falleció durante un incidente en el que estuvo involucrado un agente policial.

Durante su intervención legislativa, Bournigal sostuvo que la PN ha experimentado importantes avances en los últimos años y rechazó la idea de que un caso particular deba determinar la percepción sobre la corporación. La senadora planteó una línea divisoria entre los actos individuales de funcionarios y la responsabilidad institucional, una posición que refleja el debate actual sobre rendición de cuentas y credibilidad de las fuerzas de seguridad en el país.

El caso de Darlin Mercado ha generado tensión en las comunidades y cuestionamientos sobre los protocolos de actuación de los agentes. Familiares y activistas de derechos humanos han exigido transparencia e investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Mientras tanto, desde sectores políticos como el que representa Bournigal, emergen argumentos que buscan contextualizar las acciones de la corporación y evitar generalizaciones.

La defensa institucional en el contexto de la seguridad pública

La posición de Bournigal refleja un patrón común en políticos afines a gobiernos en turno: defender la institucionabilidad frente a críticas que consideran desproporcionadas. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la realidad que viven ciudadanos en comunidades donde la violencia policial ha dejado antecedentes documentados. La senadora enfatizó que la Policía Nacional requiere apoyo y no detracción, una retórica que prioriza la cohesión institucional sobre el cuestionamiento directo de prácticas específicas.

Este tipo de defensas también responden a dinámicas políticas internas. Bournigal, como legisladora del Partido de la Liberación Dominicana, forma parte de una coalición gobernante que ha tenido que navegar críticas hacia las fuerzas de seguridad sin socavar su posición de poder. Su intervención intenta establecer un equilibrio: reconocer que existen problemas puntuales sin cuestionar la estructura completa de la institución policial.

En República Dominicana, la credibilidad de la Policía Nacional fluctúa según las regiones y los contextos políticos. Mientras algunos sectores resaltan mejoras en capacitación y equipamiento, organizaciones de derechos humanos documentan de manera sistemática casos de abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. El caso de Darlin Mercado se inscribe en una serie de incidentes que han mantenido la seguridad pública como tema de controversia nacional.

Las declaraciones de Bournigal no cierran el debate, sino que lo evidencian. La Policía Nacional requiere tanto evaluación crítica como recursos, pero el verdadero teste de su institucionalidad será cómo responde a demandas de justicia en casos específicos como el que actualmente genera tensión en la sociedad dominicana. Mientras eso ocurra, las posiciones políticas seguirán divididas entre quienes priorizan la defensa institucional y quienes demandan cambios estructurales en las fuerzas de seguridad.

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