Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), interpretó los cacerolazos registrados anoche en la capital como un síntoma de salud democrática. La dirigente política aprovechó el momento para exhortar al Gobierno a escuchar los reclamos ciudadanos con la seriedad que merecen.
Mejía expresó su convicción en el sistema democrático dominicano y señaló que las manifestaciones callejeras, aunque ruidosas, representan el derecho fundamental de la población a expresarse sin censura. Su postura contrasta con lecturas más críticas que interpretan los cacerolazos como signos de descontento profundo con políticas gubernamentales específicas.
La declaración de la funcionaria ocurre en un contexto de tensión entre el Gobierno y sectores de la sociedad civil. Los cacerolazos han sido históricamente utilizados en República Dominicana como mecanismo de presión contra medidas económicas impopulares, ajustes de precios o políticas públicas cuestionadas.
La democracia como coartada o realidad
La lectura de Mejía abre un debate necesario sobre qué significa realmente tener una democracia funcional. Mientras ella enfatiza el derecho a protestar, la pregunta que flota es si el Gobierno está realmente atendiendo esos reclamos o simplemente tolerando el ruido como parte del juego político.
La secretaria general pidió explícitamente a los funcionarios gubernamentales que presten atención a lo que la ciudadanía expresa en las calles. Esta solicitud implícitamente reconoce que hay un desfase entre lo que se decide en los despachos y lo que la gente necesita realmente.
En democracias modernas, los cacerolazos funcionan como un sistema de alerta temprana. Indican que los canales tradicionales de comunicación política no están operando adecuadamente. Si la gente sale a la calle a golpear ollas es porque siente que sus demandas no son escuchadas mediante otras vías.
Lo que la dirigente del PRM denomina «expresión de la fortaleza democrática» podría interpretarse también como una manifestación de debilidad institucional. Una democracia madura no necesita que sus ciudadanos recurran al ruido callejero para ser escuchados; cuenta con mecanismos suficientes de participación y respuesta.
Sin embargo, la posición de Mejía tiene un aspecto valorable: reconocer que los cacerolazos son legítimos marca una diferencia importante con gobiernos autoritarios que criminalizan la protesta. En República Dominicana, al menos formalmente, existe espacio para que la gente salga a la calle sin represión.
El siguiente paso dependerá de si el Gobierno actúa sobre esos reclamos o si los cacerolazos seguirán siendo interpretados como una válvula de escape sin consecuencias reales en las decisiones de política pública. La democracia no es solo el derecho a protestar; también es la obligación de responder.