Noel Mercado, padre de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, expresó conformidad con la decisión judicial de imponer 12 meses de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, acusado de dispararle fatalmente a su hijo el pasado 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó la medida de coerción, ordenando que el imputado cumpla su detención en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras en lugar del Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
Para Mercado, la decisión representa un respaldo a la justicia dominicana. Aunque el dolor por la pérdida de su hijo de 19 años permanece, el padre manifestó mantener su confianza en los mecanismos legales del país. El acusado enfrentará el proceso penal bajo custodia carcelaria regular, un factor que Mercado consideró relevante, dado que en ocasiones anteriores miembros de la institución policial han sido alojados en instalaciones propias de sus dependencias.
Un caso que reaviva el debate sobre uso de la fuerza policial
La muerte de Darlin Mercado Reyes ocurrió durante un operativo que las autoridades describen como una acción contra la delincuencia en la zona. El joven de 19 años recibió disparos en circunstancias que aún son objeto de investigación judicial. Los detalles sobre si se trató de una acción legítima de defensa o un abuso de autoridad quedarán bajo escrutinio durante las audiencias posteriores en el proceso penal que enfrenta Moreta Heredia.
La medida de coerción impuesta no constituye una condena, sino una determinación judicial para garantizar la presencia del acusado durante el proceso investigativo y las actuaciones penales subsecuentes. Los 12 meses pueden ser extendidos o modificados según las evidencias que presente la fiscalía y la defensa del imputado ante los tribunales competentes.
El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, donde cumplirá la prisión preventiva Moreta Heredia, es una instalación del sistema penitenciario dominicano destinada a la población general de reclusos. Esta disposición marca una diferencia respecto a procedimientos previos donde elementos policiales acusados de delitos graves permanecían en centros operativos de la institución, aspecto que ha sido criticado por organismos de derechos humanos como potencial factor de obstrucción de justicia.
La confianza manifestada por Noel Mercado en la justicia dominicana refleja una expectativa ciudadana sobre la igualdad ante la ley. Aunque los antecedentes en casos que involucran uniformados como imputados presentan tasas variables de condena, este caso ha generado visibilidad pública que podría influir en el escrutinio de la actuación judicial. Las próximas fases del proceso determinarán si las evidencias respaldan la imputación de homicidio contra el cabo o si circunstancias de legitima defensa prevalecen en la resolución final del tribunal.