La República Dominicana ha expedido más de 60 mil residencias a ciudadanos haitianos desde 2018, según datos oficiales, en un contexto donde la política migratoria del país oscila entre la regularización y el endurecimiento de controles fronterizos. Esta cifra contrasta con el incremento de deportaciones que ha marcado los últimos años, particularmente desde 2024 cuando el Gobierno intensificó operativos de repatriación.
Los permisos de residencia otorgados representan una vía legal de permanencia para ciudadanos haitianos que cumplen requisitos establecidos por las autoridades dominicanas. Sin embargo, la información disponible no especifica si estas residencias corresponden a categorías temporales o permanentes, ni detalla los criterios aplicados para su adjudicación durante el período analizado. Lo que sí es evidente es que el flujo de documentos migratorios ha coexistido con deportaciones masivas.
El territorio compartido entre ambas naciones —391 kilómetros de frontera que se extienden desde el Mar Caribe hasta el océano Atlántico— ha sido históricamente un corredor de migración irregular. La geografía convierte a la Hispaniola en un espacio geopolítico donde la presión demográfica, la pobreza y la inestabilidad política haitiana generan incentivos permanentes para el desplazamiento hacia territorio dominicano.
Deportaciones masivas contrastan con residencias otorgadas
La contradicción en la política migratoria dominicana se acentuó desde que el presidente Luis Abinader asumió la presidencia. Mientras documentos de residencia se continuaban tramitando, el Gobierno ejecutó operativos de repatriación de cientos de miles de haitianos, priorizando expulsiones sobre regularización. Esta estrategia dual refleja las tensiones internas en el país sobre cómo gestionar la presencia de ciudadanos extranjeros.
Durante 2024, las deportaciones alcanzaron niveles sin precedentes en la historia reciente dominicana, con miles de ciudadanos haitianos trasladados directamente a Haití mediante vuelos y operativos coordinados. Simultáneamente, el sistema de residencias continuó operando, evidenciando que el Estado mantiene mecanismos paralelos de control migratorio que responden a presiones políticas internas y demandas de sectores que reclaman mayor presencia de trabajadores extranjeros.
Las residencias otorgadas incluyen probablemente categorías como permisos de trabajo temporal, visas de inversión o estatus de permanencia para haitianos con vínculos familiares en el país. La República Dominicana tiene una larga tradición de emplear mano de obra haitiana en sectores como agricultura, construcción y servicios domésticos, lo que genera demanda empresarial de formalización migratoria. Esta realidad económica choca frecuentemente con narrativas políticas que enfatizan la securitización de la frontera.
La cifra de más de 60 mil residencias en seis años promedia aproximadamente 10 mil por año, una cantidad considerable que sugiere que la tramitología migratoria dominicana opera con una cierta capacidad de procesamiento, aunque fuentes oficiales no han divulgado con claridad los criterios de selección ni el estado actual de estas autorizaciones. Lo que permanece claro es que la política migratoria dominicana seguirá siendo un punto de tensión política mientras persista la crisis estructural en Haití y las necesidades laborales en territorio dominicano.