La entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano enfrenta una encrucijada crítica que requiere más que buenas intenciones. A pocas semanas de que venza el vacatio legis, diversos sectores nacionales han levantado la voz para exigir una prórroga que permita corregir disposiciones que amenazan directamente la libertad de expresión, uno de los pilares del estado democrático.
El problema no es menor ni superficial. Los tipos penales relacionados con la libertad de expresión están redactados con una amplitud que genera espacios grises peligrosos para la prensa, los ciudadanos y la crítica política. La descripción de conductas sancionables es tan vaga que podría criminalizarse desde una opinión legítima hasta una sátira, dependiendo de la interpretación que haga un juez o fiscal.
Lo más preocupante es que expertos constitucionalistas han señalado que varias de estas disposiciones son claramente inconstitucionales. Esto significa que no solo violentarían normas procesales, sino que contravendrían directamente artículos de la Constitución de la República. Un código que inicia su aplicación enfrentando demandas de inconstitucionalidad es un código que comienza fracasando.
La presión del reloj contra la calidad legislativa
El vacatio legis es ese período entre la promulgación de una ley y su entrada en vigor. En este caso específico, fue diseñado para dar tiempo a que jueces, abogados, fiscales y ciudadanía se prepararan. Pero también para que se pulieran detalles problemáticos. Ese tiempo se agota, y la redacción deficiente persiste.
Los sectores que han recomendado postergar la entrada en vigor no son marginales. Incluyen colegios de abogados, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y académicos del derecho. Su consenso no es capricho: es una advertencia fundada en análisis técnico riguroso.
La libertad de expresión no es un lujo democrático. Es el instrumento mediante el cual la ciudadanía fiscaliza el poder, denuncia corrupción, cuestiona políticas públicas y participa en la vida cívica. Un código penal que la cercena es un código que fortalece el autoritarismo, aunque sea accidentalmente.
Las redacciones vagas en leyes penales violan además el principio de legalidad: nadie puede ser castigado por conducta que la ley no haya definido clara y precisamente con anterioridad. Este es un estándar internacional establecido en tratados de derechos humanos que República Dominicana ha suscrito.
La opción de postergar la entrada en vigor no es una derrota legislativa. Es una oportunidad. Permitiría al Congreso Nacional, al poder Ejecutivo y a los sectores especializados trabajar en conjunto para redactar disposiciones que protejan realmente el orden público sin sacrificar las libertades fundamentales.
Que reparta suerte el que crea que se puede implementar un código penal defectuoso sin consecuencias. La realidad es que cada ciudadano encarcelado injustamente por una ley vaga, cada periodista que se autocensura por miedo a una acusación arbitraria, cada voz silenciada será un costo medible y permanente.