La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) formalizó una solicitud ante el Consejo Superior del Ministerio Público para que incluya en el presupuesto de 2027 un reajuste salarial integral y la creación de 100 nuevas plazas de ascenso dentro de la carrera fiscal. La gestión, dirigida a la procuradora general de la República, busca mejorar las condiciones económicas y laborales del personal ministerial en un contexto donde la institución enfrenta desafíos operativos significativos.
El gremio de fiscales argumenta que los salarios actuales del Ministerio Público se encuentran rezagados respecto a otras instituciones del Estado y que la falta de oportunidades de ascenso genera desmotivación en las filas del personal. FISCALDOM enfatiza que una estructura salarial competitiva es fundamental para retener talento en una institución clave para la administración de justicia, particularmente en un país donde los casos complejos de corrupción, criminalidad organizada y violencia requieren investigadores y fiscales altamente capacitados.
La carrera fiscal como prioridad presupuestaria
La solicitud incluye no solo reajustes monetarios sino también una proyección clara de ascensos que permita a los fiscales visualizar un camino de desarrollo profesional dentro de la institución. Este aspecto es considerado crítico por FISCALDOM, que señala que los profesionales del Ministerio Público frecuentemente reciben ofertas de otras entidades públicas o privadas donde encuentran mejores condiciones salariales y perspectivas de carrera.
El Ministerio Público dominicano ha jugado un papel central en investigaciones de alto impacto en los últimos años, desde casos de corrupción administrativa hasta operativos contra narcotráfico. Sin embargo, la efectividad de estas acciones depende en gran medida de contar con recursos humanos estables y motivados. Los fiscales argumentan que un personal descontento o inseguro financieramente afecta directamente la calidad y velocidad de las investigaciones.
La gestión de FISCALDOM llega en momentos en que el gobierno dominicano atraviesa negociaciones presupuestarias para 2027. La solicitud fue presentada como una prioridad institucional que, según el gremio, beneficiaría no solo a los funcionarios sino al sistema de justicia en su conjunto. La organización considera que invertir en mejora salarial y oportunidades de ascenso es invertir en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado.
El Consejo Superior del Ministerio Público deberá evaluar esta solicitud en el contexto de las disponibilidades fiscales y las prioridades presupuestarias del Estado. Los antecedentes muestran que instituciones de seguridad y justicia han logrado incrementos en sus asignaciones presupuestarias cuando demuestran resultados concretos, como ha sucedido con la Procuraduría Especializada en Criminalidad Organizada y con operativos específicos contra el narcotráfico.