Amarante Baret, presidente de la organización política AVANCEMOS, planteó este jueves dos demandas estructurales al gobierno: el retiro inmediato de la cúpula de la Policía Nacional y una inversión equivalente al 1% del PIB destinada exclusivamente a seguridad ciudadana. Baret argumenta que estas medidas son requisitos indispensables para que cualquier reforma policial tenga viabilidad real en República Dominicana.

La posición de AVANCEMOS cuestiona el discurso oficial sobre transformación institucional policial. Según Baret, la reforma de la PN es «un mito» mientras no se resuelvan las condiciones materiales de los uniformados. El líder político señaló que los agentes requieren garantías básicas: profesionalización, retiros dignos, cobertura de salud, vivienda y educación para sus hijos. Sin estos componentes, la renovación de mandos podría resultar cosmética.

La demanda de inversión equivalente al 1% del PIB representa un aumento significativo en el presupuesto destinado a seguridad. Actualmente, República Dominicana invierte aproximadamente 0.6% del PIB en defensa y seguridad combinadas. El planteamiento de AVANCEMOS implica casi duplicar esa asignación, lo que requeriría reajustes presupuestarios en otras carteras del Estado.

La inseguridad como prioridad política dividida

El cuestionamiento sobre la «plana mayor» de la PN responde a debates recurrentes en torno a la continuidad de los cargos directivos. En los últimos años, la rotación de generales ha sido objeto de crítica por sectores que consideran que la permanencia de ciertos mandos perpetúa estructuras clientelistas y obstaculiza cambios profundos. Baret sugiere que el relevo completo en la dirección es condición necesaria para ruptura con prácticas anteriores.

El planteamiento emerge en un contexto donde la inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones de los dominicanos. Aunque el gobierno actual ha implementado operativos y asignaciones presupuestarias específicas, los índices de criminalidad mantienen niveles elevados en sectores vulnerables. Las organizaciones políticas, incluyendo AVANCEMOS, ven en estas cifras oportunidad para presionar por cambios más radicales.

La inversión adicional que reclama AVANCEMOS podría destinarse a equipamiento tecnológico, capacitación especializada, modernización de infraestructura policial y mejora de salarios para los uniformados. Estos componentes son frecuentemente mencionados en diagnósticos sobre debilidades institucionales de la PN.

El gobierno de Luis Abinader tiene pendiente responder a estos cuestionamientos. Las propuestas de AVANCEMOS no representan posiciones aisladas, sino expresan demandas que circulan en otros espacios políticos y sociales. La viabilidad de estas medidas dependerá de consideraciones fiscales, prioridades presupuestarias y disposición política para confrontar resistencias internas dentro de la institución policial.

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