Fuerza del Pueblo acusó al Gobierno de incapacidad administrativa para ejecutar proyectos de agua financiados por el Banco Mundial, denunciando un historial de retrasos, reformulaciones y reducción de objetivos. La denuncia fue presentada este martes por Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento del partido opositor, quien cuestiona directamente la gestión estatal en uno de los sectores más críticos de la infraestructura dominicana.
Según la acusación del partido político, el Pacto Nacional por el Agua, principal iniciativa de modernización hídrica respaldada por créditos multilaterales, sufre de ejecución deficiente que compromete el cronograma original y los beneficiarios finales. Otáñez presentó documentación que evidencia múltiples reestructuraciones en los términos de los proyectos, ajustes que indican una brecha entre lo planificado y lo ejecutado en el terreno.
La denuncia cobra relevancia en un contexto donde República Dominicana ha destinado recursos significativos a través del Banco Mundial para fortalecer sistemas de agua potable y saneamiento. Estos proyectos, críticos para ciudades como Santo Domingo y Santiago, han sido diseñados para reducir pérdidas por fugas, mejorar la calidad del servicio y ampliar cobertura en zonas desatendidas. Sin embargo, si las cifras de ejecución son tan bajas como alega Fuerza del Pueblo, el impacto social y económico se reduciría considerablemente.
Gestión pública bajo cuestionamiento político
La secretaría de Agua de Fuerza del Pueblo subraya que la responsabilidad recae directamente en la falta de capacidad de gestión del Gobierno. Esta no es una acusación menor: sugiere debilidades en el diseño institucional, personal técnico insuficiente o descoordinación entre las entidades ejecutoras. En el sector agua dominicano, donde múltiples actores intervienen—desde la Superintendencia de Electricidad y Agua Potable hasta gobiernos municipales—, la descentralización puede convertirse en un obstáculo si no hay liderazgo claro.
Las reestructuraciones mencionadas son particularmente reveladoras. Cuando un proyecto financiado internacionalmente requiere reformulación, generalmente significa que sus premisas originales no eran viables o que surgieron obstáculos no previstos. La reducción de metas, por su parte, evidencia una contracción de ambiciones que afecta directamente a la población que depende de estos servicios. Comunidades que esperaban acceso a agua potable o sistemas de saneamiento mejorados podrían enfrentar demoras indefinidas.
Fuerza del Pueblo aprovecha esta denuncia para reforzar su narrativa de incompetencia gubernamental, utilizando datos concretos sobre ejecución presupuestaria y cumplimiento de indicadores. La estrategia es política, pero toca un nerve real en la administración pública dominicana: la brecha entre compromisos internacionales y resultados locales es histórica en el país.
El Gobierno aún no ha respondido públicamente a estas acusaciones específicas, aunque típicamente argumentaría que los proyectos avanzan según el calendario disponible o que enfrentan desafíos técnicos legítimos. Sin embargo, si las cifras presentadas por Otáñez son documentadas y verificables, la presión política sobre la gestión de agua intensificará antes de los próximos ciclos electorales.