Participación Ciudadana exigió la aplicación inmediata del nuevo Código Penal una vez venza el plazo de vacatio legis otorgado por el Ejecutivo, aunque reconoce que la normativa requiere correcciones antes de su entrada en vigor. La organización advierte que dilatar más tiempo la implementación de la legislación penal genera incertidumbre legal y debilita la seguridad jurídica que demanda el país.
La posición de Participación Ciudadana marca un punto de quiebre en el debate nacional sobre la aplicación del nuevo código. Mientras la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo desarrolla un anteproyecto para subsanar las deficiencias identificadas, la organización cívica sostiene que postergar indefinidamente la vigencia de la ley no es la solución. El vacatio legis, ese período de transición que permite a los operadores jurídicos prepararse, tiene un límite temporal por razones de seguridad institucional.
Según Participación Ciudadana, extender el plazo de entrada en vigencia del código genera un vacío normativo peligroso que puede ser aprovechado por actores interesados en mantener estructuras legales obsoletas. La organización reconoce las debilidades inherentes a la nueva legislación penal, pero considera que estas deben resolverse mediante enmiendas posteriores y no mediante la paralización indefinida de su aplicación.
El dilema entre perfección legislativa y certeza jurídica
El debate sobre cuándo debe aplicarse el nuevo Código Penal refleja una tensión estructural en la reforma legal dominicana. De un lado, están quienes argumentan que una ley con deficiencias no debe implementarse sin correcciones previas. Del otro, están quienes advierten que mantener suspendida una legislación aprobada por el Congreso crea desconfianza en las instituciones y debilita la previsibilidad que requieren sectores como el empresarial para tomar decisiones.
La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) enfatizó recientemente que preservar un entorno favorable para la inversión depende de la estabilidad institucional y la claridad de las reglas que rigen la actividad económica. Aunque Asiex no se pronunció específicamente sobre el Código Penal, su llamado a mantener la confianza en las instituciones es pertinente al debate. Los inversionistas internacionales requieren certeza sobre cuáles son las normas penales que aplicarán en sus operaciones comerciales.
La postura de Participación Ciudadana introduce un elemento pragmático: reconocer que ninguna ley es perfecta no justifica congelarla indefinidamente. El nuevo Código Penal fue aprobado tras años de debate legislativo. Sus deficiencias, aunque reales, pueden ser corregidas mediante enmiendas o jurisprudencia una vez entre en vigor, evitando así que el país continúe operando bajo una legislación penal desfasada que no responde a los desafíos actuales en materia de seguridad y justicia.
El anteproyecto que desarrolla la Consultoría Jurídica será clave. Si las correcciones son sustanciales, el Ejecutivo podría solicitar una prórroga al vacatio legis. Si son ajustes menores, Participación Ciudadana argumentaría que no justifican dilatar más la aplicación. La decisión final descansa en el Poder Ejecutivo, que debe sopesar entre la perfección legislativa y la necesidad de avanzar hacia un sistema penal más moderno y adaptado a la realidad dominicana.