El CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, lanzó un ultimátum al gobierno del presidente Luis Abinader exigiendo la modificación de los artículos sobre difamación e injuria del nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia el próximo 6 de agosto. De no accederse a esta demanda, el influyente empresario digital anunció que convocará a un paro general para frenar la implementación de la normativa que considera una amenaza directa a la libertad de expresión en el país.
La posición de Matías refleja la creciente preocupación del sector de medios digitales respecto a las disposiciones penales que, según su criterio, permitirían criminalizar el ejercicio del periodismo y la crítica. Alofoke Media Group opera una de las plataformas de contenido más influyentes de República Dominicana, con millones de seguidores en redes sociales y una audiencia consolidada que la convierte en un actor mediático de considerable peso político.
El nuevo Código Penal ha sido objeto de controversia desde su aprobación por el Congreso Nacional debido a varios artículos considerados restrictivos por defensores de derechos humanos y profesionales de la comunicación. Los artículos que penalizan la difamación e injuria establecen sanciones que, en criterio de críticos, van más allá de lo que establece el derecho comparado y crean un marco legal para perseguir periodistas y comunicadores por el ejercicio legítimo de sus funciones.
Una advertencia que resuena en el sector mediático
La amenaza de paro general emitida por Matías no es una posición aislada. Otros medios de comunicación, organizaciones de periodistas y defensores de derechos civiles han expresado preocupaciones similares sobre los alcances punitivos del nuevo código. La movilización convocada por Alofoke podría catalizar un movimiento más amplio que involucre a otros actores del sector comunicacional y de la sociedad civil.
El gobierno de Abinader enfrenta así una encrucijada política. Por un lado, debe considerar las críticas especializadas sobre las disposiciones penales; por otro, tiene un código que ya fue aprobado legislativamente y está en sus últimas semanas antes de convertirse en ley. La administración ha manifestado disposición a escuchar observaciones, pero los plazos son cada vez más ajustados para realizar modificaciones significativas antes del 6 de agosto.
La posición de Alofoke es particularmente relevante porque su alcance mediático le permite movilizar a una audiencia masiva. Un paro general convocado desde plataformas digitales de esa envergadura tendría impacto en el comercio electrónico, la publicidad digital y el consumo de contenidos, sectores que dependen de estas infraestructuras para sus operaciones.
El ultimátum genera incertidumbre sobre cómo procederá el Ejecutivo en las próximas semanas. Las negociaciones entre el gobierno y los sectores críticos determinarán si habrá modificaciones al texto antes de su vigencia, o si el conflicto escala hacia la confrontación que Alofoke ha anunciado. Los próximos días serán cruciales para definir el futuro de esta normativa en disputa.