Participación Ciudadana respaldó este martes la entrada en vigencia del nuevo Código Penal una vez expire el período de vacatio legis, aunque pidió al Congreso Nacional corregir de manera urgente las «principales fallas» detectadas en la normativa durante su aprobación. La organización defensora de derechos considera que extender innecesariamente el plazo de entrada en vigor sentaría un precedente problemático para el sistema legislativo dominicano.
La posición de Participación Ciudadana representa un equilibrio delicado en el debate público sobre el Código Penal: reconoce explícitamente las debilidades con las que fue aprobado el proyecto, pero advierte que dilatar su implementación no es la solución. En cambio, la organización propone que las correcciones se tramiten en paralelo, tanto por el Congreso Nacional como por el Tribunal Constitucional, que ya tiene bajo su conocimiento varios de estos ajustes.
Entre las fallas identificadas figura la inclusión de las tres causales de aborto en casos de violación, incesto y peligro para la vida de la madre, un tema que generó tensiones durante el proceso legislativo. El Tribunal Constitucional ha comenzado a revisar estos y otros aspectos controvertidos de la ley, lo que sugiere que las correcciones podrían avanzar sin necesidad de retrasar su entrada en vigor.
El dilema entre implementación y perfeccionamiento legislativo
La estrategia planteada por Participación Ciudadana busca evitar un precedente peligroso: si el Congreso permite que cualquier ley entre en vigencia después de extender indefinidamente su vacatio legis, podría abrir la puerta a nuevas demoras cada vez que aparezcan críticas sobre una normativa. El período de vacatio legis, que es el tiempo entre la promulgación y la entrada en vigencia de una ley, ya ha sido objeto de debate en torno al Código Penal dominicano.
La posición de la organización refleja un entendimiento pragmático de cómo funciona la legislación en democracias imperfectas: ninguna ley es perfecta en su primer intento, pero paralizar su aplicación tampoco es viable. Las correcciones posteriores, según este enfoque, pueden ejecutarse sin comprometer el principio de seguridad jurídica que requiere que las leyes entren en vigor en los plazos establecidos.
El Tribunal Constitucional ya ha recibido solicitudes de revisión sobre varios artículos del Código Penal, lo que indica que el sistema de controles constitucionales está funcionando. Participación Ciudadana confía en que tanto esta institución como el Congreso Nacional actúen con prontitud para subsanar los errores detectados, permitiendo así que la nueva normativa penal se aplique sin demoras adicionales.
Este planteamiento sitúa la responsabilidad en los poderes del Estado para corregir su propia obra legislativa, en lugar de buscar excusas para postergar su cumplimiento. Para los analistas del sistema legal dominicano, la propuesta de Participación Ciudadana representa un punto de equilibrio entre el reconocimiento de las deficiencias reales del Código Penal y la necesidad de mantener la integridad del proceso legislativo.