La Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional fue apoderada oficialmente para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set Club, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas durante el derrumbe del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025. El magistrado Franny González Castillo presidirá los procedimientos y deberá fijar audiencia para iniciar el juicio, marcando un paso crucial en un caso que ha conmocionado al país por la magnitud de la tragedia.
El cambio de tribunal representa el avance de las investigaciones hacia la etapa de juicio ordinario, luego de que se completaran las diligencias preliminares. Además de los 236 fallecidos, cientos de personas resultaron lesionadas durante el colapso estructural del techo del local nocturno, una de las peores tragedias de seguridad industrial registradas en la República Dominicana en años recientes.
La apoderación formal del tribunal establece que González Castillo tiene la responsabilidad de garantizar que se notifique oportunamente a las partes involucradas sobre la fecha de inicio de la audiencia de juicio. Este procedimiento es fundamental dentro del proceso penal dominicano, ya que marca la transición desde las etapas preliminares hacia la presentación de pruebas y argumentos de fondo que determinarán la responsabilidad penal de los acusados.
El expediente se abre en una sala de justicia penal
El Sistema de Justicia Penal dominicano requiere que cada caso sea asignado específicamente a un tribunal competente con jurisdicción territorial. En este caso, la selección de la Cuarta Sala Penal implica que el tribunal cuenta con los recursos y la especialidad necesaria para conocer un litigio de tal envergadura, donde se espera la presentación de decenas de testigos, peritos y documentación técnica sobre las causas del derrumbe.
Los acusados permanecen en proceso judicial mientras se preparan las estrategias de defensa. La tragedia del Jet Set generó indignación nacional y demandas de familiares de las víctimas para que se esclarezca si existieron negligencias en materia de seguridad estructural, mantenimiento del inmueble o cumplimiento de regulaciones de capacidad máxima de ocupación.
El proceso penal que ahora inicia en la Cuarta Sala será seguido de cerca por sectores de la sociedad civil y las víctimas, quienes esperan que la justicia determine responsabilidades en un caso que pone en evidencia deficiencias en la fiscalización de establecimientos públicos de entretenimiento. La audiencia, una vez fijada, será uno de los momentos más relevantes de este expediente judicial.